Se trata de entender que el agua que derivemos de los ríos o bombeamos de los acuíferos debe ser gestionada con responsabilidad y eficiencia. Supone asumir que ríos, lagos y humedales son ecosistemas vivos que, además de brindarnos múltiples servicios ambientales, forman parte de la identidad de territorios y pueblos, y recuperar nuestra relación emocional con esos espacios hídricos.

¿Qué hace un economista liderando esta nueva cultura?

Ante todo estoy comprometido con este movimiento como ciudadano. En todo caso, como profesor de análisis económico, reivindico el concepto aristotélico de economía como "el arte de bien administrar los bienes de la casa", distinguiéndolo del que debía aplicarse tan sólo a los bienes que se podían comprar y vender en el mercado. Desde la economía ecológica se abre la perspectiva al espacio de la biosfera, como esa casa común que debemos administrar. El nuevo paradigma de la sostenibilidad plantea un nuevo enfoque ético que exige nuevos conceptos económicos en la gestión de los ecosistemas.

¿Agua como servicio o como fuente de negocio?

Al hablar de gestión de aguas en general, corremos el riesgo de emborronar el debate y abrir espacio a la demagogia. El agua, a diferencia de otros recursos naturales, tiene funciones y utilidades que se relacionan con valores y derechos que deben catalogarse en niveles diferentes. El agua para la vida, para la supervivencia de los seres vivos, debe ser reconocida como un derecho humano, garantizando la sostenibilidad de los ecosistemas y el acceso de todos a cuotas básicas de aguas de calidad. El agua para servicios de interés general debe situarse en un segundo nivel de prioridad, en conexión con los derechos sociales de ciudadanía. Y el agua para el crecimiento, ligada a actividades productivas e intereses privados legítimos, debe reconocerse en un tercer nivel de prioridad. Éste es, de hecho, el tipo de uso que consume la mayor parte de los recursos, siendo clave en los problemas de escasez y contaminación.

Pero el acceso al agua sigue limitado.

A pesar de que la ONU reconoce el acceso al agua potable como un derecho humano, hoy se estima en 1.300 millones las personas que no disponen de él. No obstante, el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial de Comercio (OMC) fomentan la privatización de los servicios urbanos de agua y saneamiento, bajo el argumento de favorecer la buena gestión desde la libre competencia. Pero esta pretendida competencia tan sólo existe en el momento del concurso, después se reestablece un régimen de monopolio privado que, en los países en desarrollo dificulta el acceso de los más pobres al agua potable. Los derechos humanos no se garantizan a través de las relaciones de mercado.

¿Y en los países ricos?

En los países desarrollados como el nuestro, las políticas liberalizadoras están impulsando a muchos ayuntamientos a vender los servicios de agua y saneamiento para alimentar sus arruinadas arcas. La gestión profesional del agua se garantiza, tanto desde el sector público como desde el privado, pero la transparencia y la participación ciudadana, que exige una gestión moderna y eficiente, difícilmente se puede impulsar desde modelos privados de gestión. Por ello, frente a la incompetencia de determinados servicios públicos, la alternativa no es la privatización sino una profunda reforma democrática y participativa de la función pública. Ese es el reto, difícil de asumir incluso desde la izquierda, proclive a asumir como inevitables los procesos privatizadores.

¿Dónde están los límites a la privatización?

Los límites de estos procesos privatizadores (tanto en el agua, como en la sanidad, la enseñanza, el transporte,...) dependen del modelo de sociedad que deseamos. La cuestión es si aceptamos otro modelo social y político en el que nuestra condición de ciudadanos pase a transformarse en la de clientes. Transición que para las clases acomodadas puede ser intrascendente, pero que resultará un desastre para los más pobres y, a la postre, impondrá una grave degradación política del sistema democrático.