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¿En qué ha quedado el Plan Hidrológico Nacional?

El PHN, que sigue siendo una Ley formalmente vigente, aunque derogada en lo que se refiere a los grandes trasvases del Ebro, pasará a la historia como la referencia final de la crisis en España de los tradicionales modelos de gestión "de la oferta", en base a grandes obras hidráulicas bajo subvención pública. La transición hacia nuevas estrategias basadas en la gestión de la demanda y la conservación de los ecosistemas acuáticos se impone desde la nueva Directiva Marco de Aguas (DMA) a nivel europeo. El anterior Gobierno ignoró esa nueva coherencia adoptada en EEUU desde hace más de dos décadas. La elaboración de los planes de cuenca y del propio PHN fue una cita frustrada con la historia. La nueva cita está ya fijada por la DMA para 2009, cuando deberán reelaborarse los planes de cuenca.

¿Qué se preveía en el PHN respecto a las sequías como la actual?

El actual ciclo de sequía nos ha cogido en pleno proceso de transición; y, aunque a algunos les sorprenda, el PHN no formulaba ningún plan de sequía. Proponer más embalses para gestionar sequías es como regalar un monedero a un pobre. Si mañana lloviera no faltaría donde recoger el agua. Lo que falta es agua, no embalses. Y para que haya agua en años de sequía es preciso haberla reservado en años de abundancia. Sin embargo, tradicionalmente, cuando se construía un embalse para regar 20.000 hectáreas, se acababan regando 30.000; y cuando se disponía de un acuífero que permitía regar 10.000 hectáreas se regaban 30.000, como en Almería. El resultado es que cuando llega la sequía no hay agua. Si hoy estuvieran en servicio los trasvases del Ebro o del Júcar, no podrían trasvasar ni un metro cúbico, porque estos ríos están también en situación de estrés hídrico. Y es que las sequías no suelen ser locales sino regionales, y suelen afectar, cuando menos, al área mediterránea.

¿Qué podemos hacer entonces?

Los planes de sequía que empieza a elaborar el nuevo Gobierno deberían basarse en recuperar el buen estado de ríos, humedales y acuíferos, acabando con su sistemática sobreexplotación. Esto implica reducir el regadío mediante planes de reconversión, similares a los que hemos tenido que abordar en otros sectores productivos, como la pesca. La modernización de redes urbanas y regadíos debería generar un ahorro de caudales en torno al 20 por ciento, que debe destinarse a restaurar ecosistemas y prevenir las sequías. Por último, deberían crearse bancos públicos de agua para gestionar mejor la redistribución de usos en años de sequía.

La polémica de los trasvases.

El agua es, sin duda, realmente necesaria para usos básicos (en relación con derechos humanos y ciudadanos); pero decir que el agua es una "necesidad" perentoria, cuando lo que se pretende es alimentar la espiral de negocios especulativos urbano-turísticos o abastecer miles de prósperos invernaderos que, en muchos casos, sobreexplotan ilegalmente los acuíferos existentes, es más que discutible. El paradigma es Almería. En 1985, ya se advirtió que la extracción de caudales empezaba a superar las aportaciones que alimentaban el acuífero de Dalías. En aquel momento había 9.000 hectáreas bajo plástico. Almería ya no era la zona más pobre de España, sino una de las más prósperas. Se declaró legalmente el acuífero como sobreexplotado y se prohibió hacer nuevos pozos. Pues bien, hoy se estima que existen unas 27.000 hectáreas bajo plástico, además de miles de chalets con césped británico, hoteles y campos de golf... Hoy Almería usa una media de tres toneladas de agua por persona y día. Decir en estas circunstancias que "necesitamos" más agua resulta discutible. Lo que sin duda es cierto es que se requieren más caudales para atender las insaciables demandas productivas, de uno u otro tipo.

Pero las demandas existen.

Sí, y hay que pensar en nuevas formas de abastecer esos usos, pero desde el criterio que exige la Directiva Marco de cubrir los costes. La racionalidad económica debe imponerse sin ambajes, y no vale invocar derechos humanos, ni el tan manipulado "interés general" que acaba encubriendo intereses privados. Llevar un metro cúbico (1 tonelada) desde el Ebro hasta Almería supone un coste energético de 4,5 kilowatios/hora y un coste económico entre 1 y 1,5 euros por metro cúbico, cuando desalar aguas de mar mediante las nuevas tecnologías de ósmosis inversa cuesta hoy menos de 0,42 euros/m3. Aunque, sin duda, más barato aún resultaría poner en marcha un buen plan de retirada de regadíos, tanto en la cuenca del Segura, como en la del Júcar o en el Alto Guadiana (igualmente necesario sería retirar los regadíos de baja productividad en zonas salinizadas de la cuenca del Ebro).

El PHN parece que tenía mucho cemento y poco agua, ¿por qué?

En efecto, el PHN del PP acabó por proyectar las obras más en función de los metros cúbicos de hormigón que no de los metros cúbicos de agua que se podrían suministrar. Ya en los años 80, en EEUU se cerró un debate similar sobre las grandes obras hidráulicas en la moderna gestión de aguas, certificando que la mayor parte de ellas no eran rentables y producían demoledores impactos ambientales. Por ello, se desecharon grandes proyectos en la Costa Oeste, imponiéndose un veto del presidente Carter que continuaría con sucesivas Administraciones de uno u otro signo político. El PHN llegó fuera de tiempo, representando un mal proyecto hidráulico para el siglo XXI. Las aguas trasvasables eran de mala calidad; eran de incierta disponibilidad, estimando el propio Gobierno que en los años sequía no podría haber trasvases; y para colmo eran muy caras para el país.

¿Qué opinión le merece la actual gestión?

Creo que tenemos, por primera vez, como titular del Ministerio, a alguien que entiende de medio ambiente y que cree en la necesidad de defenderlo. Cristina Narbona no sólo ha cumplido su compromiso de derogar los trasvases del Ebro, sino que ha abierto a debate muchos de los proyectos de grandes presas previstas en el famoso anexo II del PHN, que no ha sido derogado. Ciertamente, las propias inercias culturales y los intereses de las grandes empresa constructoras, siguen presionando, desde la influencia social y mediática de esos sectores, como desde las filas del PP, e incluso desde las del propio PSOE, entre las que el debate ha sido pobre. Con luces y sombras, la ministra ha abierto una clara inflexión en el discurso oficial y en la práctica. No en vano se ha ganado la animadversión del Colegio de Ingenieros de Caminos, del SEOPAN (la patronal de las grandes constructoras) y del gremio del ladrillo (en la medida que ha cuestionado la especulación urbanística del "turismo de sol y playa"). El reto de la prometida reforma institucional, bajo la coherencia de la Directiva Marco de Aguas, y la implementación de esta Directiva marcarán las claves del futuro próximo.

¿La alternativa es la desalación?

Ciertamente, la desalación está desplazando tecnológicamente a la tradicional tecnología de grandes trasvases, cuando el destino de los caudales se sitúa en zonas costeras. Sin embargo, la clave reside en el reto de desarrollar estrategias de gestión de la demanda, más que en promover nuevas formas de oferta. Y el Gobierno no parece dispuesto a afrontar este reto, que exigiría poner en marcha nuevos criterios tarifarios de recuperación de costes, que permitirían frenar la insostenible espiral de demandas. En todo caso, acelerar el desarrollo urbanístico desde la percepción de que no existen restricciones hídricas en el litoral mediterráneo, gracias a la desalación, tendría graves consecuencias. Las nuevas tecnologías, como la desalación, pueden ayudarnos a dilatar plazos en la crisis de insostenibilidad abierta, pero la clave es conseguir una gestión sostenible de los ecosistemas acuáticos disponibles.