Siempre he dicho que la inmigración es algo muy positivo para las sociedades. Nos genera riqueza cultural, social, económica. Pueden haber conflictos de adaptación, pero para eso están las instituciones, para lograr que la acogida y la integración sean lo más armoniosas posibles. Aunque habrá contradicciones que serán aprovechadas por los oportunistas para levantar la bandera de la xenofobia.

¿Qué hacer entonces?

Hay que empezar por educar a la sociedad de acogida. Que sepan que no son sólo mano de obra. Son personas que vienen con su cultura, con sus tradiciones y con sus valores; y la inmigración nos da la oportunidad de poder hacer prosperar nuestra cultura democrática. El aprendizaje y el mestizaje en materia cultural han sido una constante en la historia de nuestro país. Nosotros no somos arios, ni siquiera lo son los que se lo creen. La historia del mundo es de un continuo mestizaje. Por lo tanto nuestro país tiene, con la inmigración, una ocasión para enriquecerse, aprender y compartir.

¿Qué te parece el Reglamento de la Ley de Extranjería?

Es un paso significativo y positivo. Me gustaría que se siguiera avanzando en la modificación de la ley, en derogar aquellos aspectos que impiden el derecho de asociación de los inmigrantes. La regularización que supone es un avance importante, es imposible mantener a más de ochocientas mil personas sin papeles. Y quien se plantee que la única alternativa es la amenaza de expulsión, está lejos del humanismo que debería ser compartido por todos con independencia de su orientación política. Y, además, con la previsión de anular los 85.000 expedientes de expulsión asume los errores administrativos que llevaron a su incoación. Es una oportunidad para normalizar la convivencia, y la apertura de una posible regularización sin picaresca, vinculándola al arraigo municipal de empadronamiento y al arraigo laboral. Esto es positivo y lo demuestra la adhesión de todas las fuerzas políticas, sindicales, empresariales y sociales que lo han apoyado. Creo que el Partido Popular debería revisar su posición de manera autocrítica porque está al margen de la realidad.

El consenso y apoyo al reglamento es abrumadoramente mayoritario.

Sí, incluso el Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, lo apoya. Y advierte que no se pueden limitar los derechos de los y las inmigrantes porque no posean "papeles".

La inmigración y la economía, ¿son compatibles?

Sabemos todos que, si existen tantos miles de inmigrantes es porque hay una potentísima economía sumergida que está lucrando a empresarios sin escrúpulos a costa de trabajadores sin papeles. Y eso se podría controlar enviando inspecciones de trabajo a zonas de rápido enriquecimiento. El Reglamento va a impedir esa capacidad que tiene la economía sumergida de explotar como esclavos a los inmigrantes.

Entraría en vigor en febrero de 2005. Habrá tres meses de "normalización". Pero pateras van a seguir llegando. ¿Qué hacemos después?

Pienso que habría que establecer mecanismos de regularización continua. Y esto escandalizará a quienes piensan que nuestra sociedad no tendrá capacidad de acogida pero, hace años cuando en España no había ni un 1 por ciento de población inmigrante, esas personas ya auguraban que sería un desastre y no ha sido así. España sigue creciendo y los problemas son de funcionamiento a nivel institucional. Hay que tener una visión más global y planetaria. Si las condiciones de otros países, menos desarrollados, no mejoran, seguirán buscando su desarrollo emigrando. Y no digo que haya que establecer una política de puertas abiertas, pero tampoco de expulsiones. Habrá que buscar el equilibrio con mecanismos de regularización. Porque el inmigrante si se queda es porque hay posibilidades de trabajo. No hay inmigrantes mendigando por las calles, porque tienen trabajo aunque no tengan papeles. La Administración Central se tiene que dotar de personal suficiente para que la Inspección de Trabajo controle el empleo y no permita la economía sumergida.