Realmente hay una diferencia de política, pero en el seno del Partido Socialista hay dos almas. Una es mucho más de partido, muy similar a la del Partido Popular incluso, y que es la que a mi parecer hace que la ley del 2003 haya sido pactada entre el PSOE y el PP, y eso no se puede olvidar. Hay un sector del Partido Socialista que tiene una concepción, si no absolutamente opuesta a la concepción de política de inmigración, sí diferente.

En todo caso, el hecho discutido es que no ha habido ningún cambio consistente en política de inmigración, al menos en el primer año de legislatura, se debe quizá más a un problema de estrategia de la política del Partido Socialista, que tiene una posición débil en el Parlamento, y al mismo tiempo al hecho que continúa pesando aquel dogma -que yo nunca he entendido- que dice que no es preciso defender derechos ni cambios sustanciales acerca de la inmigración, porque cada vez que se habla de esto se pierden centenares de miles de votos. Este análisis no tiene fundamento en la realidad.

El último proceso de regularización se ha vendido como la solución a la herencia negativa del PP, pero voces del PSOE ya han dicho que quien haya quedado fuera tiene que irse.

Desde el planteamiento mismo de la propuesta del proceso de regularización que se hizo en el mes de agosto de 2004, hasta la valoración que se ha hecho al final, lo que se nos revela es ignorancia, un desconocimiento de la realidad que no se entiende.

Desde el punto de vista de la legitimidad y la legalidad, no es aceptable esta valoración de "ya hemos hecho alguna cosa por el problema y ahora lo que hace falta es que se vaya todo el que no haya entrado en el proceso". Esto es inaceptable, y lo que revela una persona que dice esto no sabe nada de la realidad de la inmigración, no conoce ni los procesos, ni las dificultades, ni las redes, ni nada de esta realidad. Y revela una irresponsabilidad política muy fuerte, porque la consecuencia de un mensaje de este tipo es socialmente muy mala, no sólo por el resultado que hay después sino porque lo que llega a la opinión pública es que cualquier persona inmigrante que no haya estado en el proceso no tiene ningún derecho ni legitimidad para estar aquí. Y eso genera una opinión pública errada y discriminatoria, reaccionaria y xenófoba. El mismo proceso de regularización se ha puesto en marcha con ambigüedad, es decir, de un lado ponemos sobre la mesa que el Partido Popular deja una herencia inaceptable, y al mismo tiempo tenemos una perspectiva de inclusión y generosidad que, desde el inicio, ha dado soporte al principio de dureza, de decir: "nosotros haremos el proceso, pero nosotros no dejaremos de emplear la fuerza para expulsar a todo aquel que no esté dentro de los términos de la legalidad". De cualquier manera estamos hablando de personas, y por lo tanto la solución personal de medio millón de inmigrantes no deja de ser positiva, aunque el proceso haya sido insuficiente.

Se han oído voces críticas desde la Unión Europea respecto al proceso de regularización. ¿La UE sigue con la idea de Europa como una fortaleza?

Desafortunadamente, soy muy pesimista sobre la perspectiva de un cambio en relación a la orientación de la política europea de inmigración. Tanto el llamado Programa de La Haya, propuesto al Consejo de Europa el año pasado, como el mismo texto del Tratado Europeo, aunque hablan de políticas de integración, la adscripción presupuestaria o el énfasis está puesto siempre alrededor de la lucha contra la inmigración ilegal, del cierre de fronteras, del control.

En torno al debate de la Constitución Europea, ¿crees que se ha perdido la oportunidad de incluir el derecho de ciudadanía, sobretodo por todos los residentes permanentes?

Había la esperanza que era posible incluir en el texto constitucional la cláusula alternativa "nacional de un estado miembro, o residente estable dentro de un estado miembro". De la propuesta partían dos posibilidades: la de transformación del concepto de ciudadanía o bien la de una equiparación de hecho de la residencia estable en derechos y deberes. La conferencia gubernamental no recogió estas posiciones, y eso provocó una gran frustración y confirma la posición negativa del futuro inmediato del modelo de política de inmigración de la UE.

¿Es hora ya de plantearse de manera clara el derecho de voto de la población inmigrada residente?

Sí, ya es hora. Hablar siempre del control de fronteras, del peligro de la inmigración irregular, de cifras y estadísticas, hace olvidar, y evidentemente no es un caso de ignorancia inocente, la realidad… que es muy clara cuando hablamos de un millón de residentes estables que trabajan, y que en los barrios conviven con los vecinos, con la diferencia que no tienen el derecho de opinar sobre qué política se les aplica. ¿Es la solución el derecho al voto? La solución es la normalización política de estas personas cuando hablamos de los inmigrantes legales, que forman parte del cuerpo de la sociedad civil, pero que nosotros hemos excluido de la participación de las decisiones políticas. Esta ruptura entre sociedad civil y comunidad política es muy mala, no sólo para los inmigrantes, sino para nosotros mismos. Es una situación de ilegitimidad que, si se mantiene, nos afectará muy gravemente. El derecho al voto es una herramienta absolutamente imprescindible porque la posibilidad de la participación es una consecuencia lógica de la contribución social. Es preciso convencer a los responsables políticos que esto es una prioridad y no, como ellos dicen, una propuesta interesante para aplicar a término medio.