El trasvase del Ebro era un proyecto inviable en lo económico, lo ambiental y lo técnico; así lo han afirmado numerosos expertos -cuyos informes pueden conocerse en la página web del Ministerio-, la propia Comisión Europea y hasta la OCDE. Algún argumento concreto: la obra -4.200 millones de euros- se había comenzado a construir sin que ni siquiera se hubieran censado, de acuerdo con lo previsto en la propia Ley del Plan Hidrológico Nacional, los futuros usuarios del agua a trasvasar, ni se hubiera establecido el sistema de tarifas a pagar por dicha agua; y en cuanto a la calidad del agua del Ebro, el Gobierno del PP tuvo conocimiento del informe del CSIC sobre los lodos contaminados acumulados en el lecho del río, como consecuencia de los vertidos de Flix durante cien años. Dichos lodos constituyen un riesgo latente, que podría convertirse en peligro real si se desplazasen. Este hecho no cambió la posición de defensa del Trasvase del Ebro por parte del anterior Gobierno. Desde el inicio de la legislatura, hemos reservado recursos presupuestarios para resolver este problema, de acuerdo con la experiencia existente.

El presidente valenciano dio argumentos que pretendía ecológicos en contra de las desalinizadoras ¿Qué piensa de esta argumentación?

El Gobierno ha aprobado 105 actuaciones urgentes -de optimización de las infraestructuras existentes, de uso de acuíferos no utilizados, de mejora de la calidad del agua, de reutilización de aguas residuales, incluidas 20 plantas desaladoras, que se construirán con condiciones ambientales muy estrictas. Por ejemplo, dando preferencia a los proyectos que utilicen energías renovables y, en cualquier caso, utilizando técnicas ya conocidas que impiden el efecto negativo de la salmuera mediante una importante dilución de la misma. Soluciones que, por cierto, el presidente de Valencia conoce bien, porque inauguró, a bombo y platillo, la desaladora de Alicante durante la pasada legislatura.

¿No resulta contradictoria la posición del PP respecto al Trasvase Tajo-Segura?

Totalmente sorprendente, pero durante estos primeros meses de Gobierno hemos visto ya muchas actitudes contradictorias del PP; por ejemplo, en el Parlamento apoya iniciativas de los grupos minoritarios que son la antítesis de la política que llevó a cabo el gobierno Aznar. Por supuesto, eso lo hace sólo en aquéllas ocasiones en que dichas iniciativas no son aceptadas por el Gobierno actual, y por lo tanto, solo intenta generar "ruido" en el debate parlamentario.

Usted dijo que el agua precisa "una revolución ética y cultural". ¿El programa AGUA está en esa línea de trabajo?

El Programa AGUA es, ante todo, una herramienta para la comunicación, para que lleguen a todos los ciudadanos las razones, la necesidad y la oportunidad de la reforma emprendida en la política del agua; para acabar con los tópicos y el desconocimiento de muchas cuestiones asociadas al agua, que permiten la vigencia de un enfoque demagógico por parte del PP.

Ha hecho pública su intención de incluir nuevos impuestos ecológicos.

El PSOE anunció en su programa que la reforma fiscal incluiría, además de una mayor exigencia de equidad y de sencillez, una cierta reorientación de la fiscalidad con criterios ambientales, para favorecer tecnologías menos contaminantes y más eficientes en el consumo de recursos naturales. Así lo han hecho, hace ya muchos años, otros países europeos, y el Gobierno ha comenzado ya a reflexionar sobre dicha reforma.

¿En cuánto evalúa los costes del Protocolo de Kioto y qué grado de cumplimiento se podía dar de él en esta legislatura?

El Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión, ya aprobado, le costará, como máximo, al conjunto de las empresas de los sectores implicados, unos 83 millones de euros anuales, es decir, apenas el 0,015 por ciento del valor añadido de este conjunto de empresas. Un coste ridículo si se compara con lo que nos está costando la creciente dependencia del petróleo: durante los últimos 12 meses, la subida del precio del crudo ha supuesto una factura adicional para España de más de 6 mil millones de euros. Luego, en realidad, lo que hay que valorar es el beneficio, incluso económico, que se derivará para España a medio-largo plazo si hacemos un uso más eficiente de la energía y desarrollamos mucho más el uso de energías limpias, muy abundantes en España (sol, viento, biomasa, biocarburantes), disponibles a un coste cada vez menor.