En septiembre de 2000 empezó la Intifada de Al-Aqsa, también conocida como Segunda Intifada, a la que MSF respondió en noviembre con dos programas de asistencia médica y psicológica en los territorios autónomos palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza, cuyos beneficiarios son las poblaciones que viven en las zonas más expuestas a la violencia -aquellas donde se producen los enfrentamientos o que están próximas a instalaciones del ejército israelí y a las colonias judías-. La lógica del Gobierno de Israel es separar a la población israelí de la palestina con el pretexto de garantizar la seguridad, justificando así la aplicación de un régimen militar sobre la población civil.

Quince meses más tarde, las consecuencias son dramáticas: los médicos ven cómo la salud de sus pacientes se deteriora, ya que se les niega el acceso a la atención sanitaria. Los psicólogos pueden comprobar que el aislamiento diario, la humillación y la violencia, tanto en los adultos como en los niños, provocan estados depresivos y síndrome de estrés post-traumático. Las visitas a domicilio de los equipos de MSF a menudo constituyen la única forma de romper el estado de sitio en el que algunas familias se ven obligadas a vivir. Sin embargo, los problemas de acceso de las organizaciones humanitarias son muy reales. Las negociaciones iniciadas entre MSF y las autoridades israelíes, cuando empezaron los programas tras iniciarse la Segunda Intifada, no garantizan un acceso adecuado a la población civil y no hay ningún tipo de protección para aquellos que viven en las zonas más expuestas a la violencia.

MSF ya ha denunciado en otras ocasiones que las operaciones militares por parte del ejército israelí están teniendo graves consecuencias psicológicas y médicas sobre las familias palestinas. La destrucción masiva de casas y propiedades, en las zonas adyacentes a las colonias y a las carreteras utilizadas por los colonos israelíes, parece no tener fin y está acabando con las fuentes de ingresos de las familias. Algunas casas palestinas están ocupadas por los militares israelíes, incluso en zonas teóricamente controladas por la Autoridad Palestina. Estas ocupaciones -justificadas por razones estratégicas- implican una restricción de la libertad de movimientos de los residentes. Detenciones, intimidaciones y humillaciones se han convertido en una rutina para los habitantes de esas zonas, que ya de por sí, viven sumidos en la injusticia y el abandono.

Desde el inicio de la Segunda Infifada, la situación ha cambiado radicalmente. Una parte de los palestinos que pertenecen a organizaciones radicales ha dejado de manifestarse para pasar a la lucha armada, y los israelíes han respondido utilizando armamento pesado convencional. Hoy, la mayor parte de víctimas palestinas son el resultado de misiles dirigidos hacia blancos previamente seleccionados y sospechosos de terrorismo, pero que, de forma inevitable, también han acabado con la vida de transeúntes inocentes. La población palestina se encuentra además entre el fuego cruzado de los soldados y los colonos. Por su lado, la mayoría de las víctimas israelíes son debidas a las bombas terroristas dentro de Israel y a los disparos dirigidos a los colonos en las carreteras de circunvalación o en las proximidades de las colonias.

Con este cambio de la naturaleza de la confrontación, tanto israelíes como palestinos han violado normas fundamentales del Derecho Internacional Humanitario. Por parte israelí, nada justifica el asesinato de personas supuestamente sospechosas de estar implicadas en actividades terroristas. Además, conviene insistir en que por culpa de este tipo de operaciones han muerto muchas víctimas inocentes. Por la parte palestina, incluso si los colonos ocupan ilegalmente su territorio, la fuerza utilizada contra ellos tampoco es aceptable y el uso de bombas suicidas contra civiles inocentes es también un acto criminal.

A pesar de las continuas condenas internacionales, la causa principal de la Segunda Intifada y de la escalada de violencia es la continua ocupación que frustra y humilla a los palestinos. La paz no volverá a reinar en la región hasta que cese la ocupación. Sin embargo, ésta se ha intensificado con la ampliación de las colonias, la demolición de casas y destrucción de propiedades, la restricción de la libertad de movimiento y el bloqueo económico, que se han convertido ya en parte de la vida de la población palestina.

El efecto acumulador de estas restricciones a la libertad de movimiento de las personas y bienes se percibe comprensiblemente como un estado de sitio y es la causa de enormes dificultades económicas en el territorio palestino. Los bloqueos han conseguido encerrar a la población palestina y restringido sus desplazamientos. Esto indica el propósito de la operación: humillar a los palestinos y hacer presión sobre ellos para que cese la resistencia a la ocupación israelí. En este sentido, esta práctica constituye un castigo colectivo inaceptable.

Por todo ello, se hace evidente la necesidad de que la violencia en los territorios palestinos ocupados y en Israel llegue a su fin. Los asesinatos selectivos de palestinos por misiles dirigidos, bombas terroristas en Israel y matanzas indiscriminadas de civiles en ambas partes deben cesar, quizás mediante una presencia internacional eficaz.